La Ley europea constituye, junto con la ley de delegación europea, uno de los dos instrumentos de adecuación al ordenamiento comunitario previstos por la ley del 24 de diciembre de 2012, núm. 234, el cual ha introducido una reforma orgánica de las normas que regulan la participación de Italia en la elaboración y aplicación de la normativa y las políticas de la UE.

La ley europea contiene normas de aplicación directa destinadas a garantizar la adecuación del ordenamiento nacional al ordenamiento europeo, con especial atención a los casos de transposición incorrecta de la normativa europea.

Según lo previsto en el artículo 30, párrafo 3 de la ley núm. 234 de 2012, en el proyecto de ley europea se introducen las disposiciones destinadas a poner remedio a la transposición incorrecta de la normativa de la Unión Europea al ordenamiento nacional en los casos en que el Gobierno haya reconocido que las deficiencias detectadas por la Comisión Europea están bien fundadas dentro del marco de los procedimientos de infracción o de los procedimientos de pre-infracción (puestos en marcha mediante el sistema de comunicación denominado  "EU Pilot", instrumento pre-contencioso utilizado por la Comisión Europea con el fin de asegurar la correcta aplicación de la legislación comunitaria y prevenir posibles procedimientos de infracción).

La ley europea puede dar lugar a:

• modificaciones de normas estatales objeto de procedimientos de infracción contra Italia (o de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea);
• disposiciones destinadas a garantizar la aplicación de los actos comunitarios;
• la aplicación de tratados internacionales celebrados en el marco de las relaciones exteriores de la Unión.

Asimismo, la ley europea puede suponer la derogación y modificación de normas que contradigan las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a la Unión. Por último, contiene los requisitos establecidos para el ejercicio del poder sustitutivo del Estado frente a las Regiones que no cumplen con la aplicación de los actos normativos comunitarios en aquellos asuntos de su competencia y que no se encargan de la aplicación y ejecución de los acuerdos internacionales y los actos de la Unión Europea.