IMI (Internal Market Information) es el sistema obligatorio de intercambio de información entre autoridades competentes en materia de mercado interior, desarrollada por la Comisión Europea en colaboración con los Estados miembros para la cooperación administrativa y la asistencia mutua que los Estados deben cumplir según el Reglamento 1024/2012/UE.
IMI es una herramienta informática multilingüe que facilita y agiliza la cooperación administrativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros, contribuyendo a agilizar los procedimientos y a reducir los costes derivados de los retrasos. Así se presta un mejor servicio a los ciudadanos y las empresas, permitiéndoles aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado único.
El IMI se utiliza para aplicar los requisitos de cooperación administrativa, la red SOLVIT, la Directiva sobre cualificaciones, la Directiva sobre servicios, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, el Reglamento sobre el transporte transfronterizo de fondos en euros, la Directiva sobre derechos de los pacientes, la Directiva sobre comercio electrónico y la Directiva sobre conductores de trenes de alta velocidad.
El uso del IMI aumenta constantemente: en diciembre de 2017, el número total de intercambios de información enviados a través del IMI había superado los 100 000. Solo en 2017 se enviaron casi 34 000 solicitudes, en las que participaron más de 8 200 autoridades registradas.
Desde 2008, Italia ha participado, ya sea como Estado miembro consultor o como Estado miembro consultado, en nada menos que 3.785 solicitudes, de las cuales 1.279 solo en 2015. Por otra parte, el análisis de los últimos cuadros de indicadores del mercado único, que muestran una actuación cada vez más convincente de las autoridades competentes en cuanto a los esfuerzos realizados y a la puntualidad de las actuaciones, atestigua un desarrollo progresivo del sistema IMI, junto con una mayor conciencia de su utilidad en determinados ámbitos de actuación.
El alcance del IMI se está ampliando gradualmente. Desde 2015, la obligación de cooperación administrativa a través del programa informático IMI se ha ampliado también a la contratación pública y a los bienes culturales robados.
En lo que respecta al ámbito de la contratación pública, la obligación de cooperación administrativa consagrada en la Directiva 2014/24/UE, concretamente en su artículo 86, se basa en la asistencia y cooperación mutua, dirigida a garantizar el intercambio de información para verificar la documentación aportada por las empresas contratantes de otros países europeos para la realización de los procedimientos de adjudicación en situaciones transfronterizas. En particular, el IMI puede ser útil para comprobar que un operador económico es capaz de realizar las obras o servicios especificados en el contrato, verificar que no existen motivos de exclusión para un contratista, proveedor o prestador de servicios o confirmar la exactitud de la información contenida en la autocertificación facilitada por el licitador.
Además, con el fin de implementar las tareas administrativas previstas en la Directiva 2014/60/UE para la devolución de bienes culturales exportados ilegalmente desde el territorio de un Estado miembro, el proyecto piloto IMI relacionado con la citada Directiva comenzará a intercambiar datos entre las administraciones transfronterizas a lo largo de 2016.
Desde 2016, el sistema IMI se aplica también para la implantación de la innovadora Tarjeta Profesional Europea.
Desde mediados de 2016, además, basándose en la Directiva modernizada sobre el desplazamiento de trabajadores, 2014/67/UE, la cooperación entre los Estados miembros hace uso de un nuevo sistema de notificación del IMI para la ejecución transfronteriza de las sanciones aplicadas por los Estados miembros.
Por último, a partir de 2017, el sistema IMI se está utilizando para ampliar aún más la cooperación administrativa en los ámbitos de la maquinaria industrial que no puede transportarse por carretera, las mercancías armonizadas y los documentos públicos sobre el estado civil.
El sistema IMI está en vigor en los Estados miembros de la UE, así como en Liechtenstein, Noruega e Islandia (EEE), a través de las autoridades competentes encargadas de aplicar dichas disposiciones.